000 02527nam a2200373Ia 4500
008 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
020 _a978-607-729-463-4
040 _aSeMujeres CDMX
040 _bspa
040 _cSemujeres CDMX
041 _bspa
082 _a380.144,C83
100 _aCorzo Sosa, Edgar, coord.
_98212
245 _aTrata de personas: un acercamiento a la realidad nacional
245 _ccolaboración, María Yuriria Álvarez Madrid, Marco Alejandro Cano Girón
260 _aMéxico
260 _bComisión Nacional de Derechos Humanos
260 _c2018
300 _a398 p.
505 _aContiene cuadros con disposiciones generales de las leyes sobre trata en Centraomérica, México y Estados Unidos, agravantes y acciones multilaterales. -- Países de la región que cuentan con Comisión especial contra la trata de personas y plan nacional contra la misma.
650 _aADOLESCENTES
_9486
650 _aDATOS ESTADISTICOS
650 _aDATOS ESTADISTICOS
_98213
650 _aDERECHOS HUMANOS
650 _aHISTORIA
650 _aMASCULINIDAD
_9208
650 _aPOLITICAS PUBLICAS
650 _aPREVENCION
_9117
650 _aPROCURACION DE JUSTICIA
_93826
650 _aTRATA DE PERSONAS
_9118
942 _cBK
999 _c21136
_d21136
520 _aPara la realización de esta publicación se invitó a participar a representantes de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, de los tres órdenes del gobierno federal, de organismos internacionales y de las comisiones interinstitucionales a nivel estatal en materia de trata de personas. También con la intención de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, se ha publicado una serie de leyes, tanto de orden federal como estatal, así como programas para operar la normatividad existente. La publicación del "Protocolo para prevenir , reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", mejor conocido como el Protocolo de Palermo. En función de la obligatoriedad de atender el fenómeno de la trata de personas, es necesario analizar la acción gubernamental con el fin de mejorar las políticas públicas en sus tres áreas: protección y asistencia a la víctima, prevención del fenómeno y, persecución del delito y procuración de justicia, asegurando así el cumplimiento de las entidades federativas para con la protección de los derechos humanos.