Personas privadas de su libertad

El ser una persona privada de la libertad que además se encuadre en alguna otra categoría perteneciente a un grupo de atención prioritaria, como es el ser una persona con discapacidad o una persona trans, por poner algunos ejemplos, da la posibilidad de que se encuentre en una situación de vulnerabilidad más acentuada que otros grupos. Ello conlleva que en el interior de los centros penitenciarios se reproduzcan los cuadros de desigualdad y marginación presentes en la sociedad. El Estado debe asumir una posición específica de garante frente a todas las personas privadas de libertad, y tener aún más cuidado con sus deberes especiales de protección de aquellas que se encuentran en alguna posibilidad de riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Por otra parte, el derecho a la reinserción social es un derecho fundamental, se puede visualizar como un derecho paraguas, lo que significa que a partir de su cumplimiento se puede lograr en consecuencia el respeto de los demás derechos humanos; es para que la persona recobre el sentido de vida digna y evite la reincidencia. Si la persona vuelve a delinquir se debe a condiciones sociales, jurídicas y económicas del contexto. En el documento se especifican los derechos de las personas privadas de su libertad, los motivos sociológicos para la imposición de la pena, así como las diferencias entre readaptación social y reinserción social.