Informe sombra, México 2010
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En un país donde la cifra de impunidad alcanza el 93.5% de los delitos y en el contexto de la guerra declarada por el gobierno federal al crimen organizado, que ha traído consigo la militarización de nuestro México, se han desdibujado todas las garantías individuales de las y los ciudadanos, particularmente de los y las defensoras de derechos humanos que son criminalizados por defender las violaciones sistemáticas de derechos derivados de la guerra. Asimismo con el pretexto de la seguridad nacional el Estado Mexicano utiliza a las fuerzas armadas como la policía del ejecutivo cuando la función del ejército es salvaguardar la soberanía nacional.
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